En Perú: Profundas cicatrices de la guerra civil
Un intento fallido de crear un partido político, dirigido por exguerrilleros de Sendero Luminoso, despertó emociones, y volvió a abrir un debate sobre la guerra.
Durante una campaña militar de tierra quemada que amenazó con derrocar al gobierno peruano, la guerrilla maoísta conocida como Sendero Luminoso atemorizó a Perú con asesinatos, bombazos, decapitaciones y masacres. Así es que sacudió a los peruanos que el año pasado una organización de exguerrilleros empezara a recolectar firmas para crear un partido político para participar en el proceso democrático al que otrora buscaron destruir.
Entre sus objetivos estuvo una amnistía por crímenes cometidos durante la guerra que duró desde principios de 1980 hasta el 2000, por la cual se permitiría la liberación de dirigentes de Sendero Luminoso encarcelados.
Más de una década después de que cesara la lucha en gran medida, el intento de los rebeldes de entrar en la política removió emociones que todavía se sienten y reabrió un debate nacional lacerante sobre lo que significó la guerra.
Lo que alarmó a muchos peruanos sobre el esfuerzo de Sendero Luminoso para reinventarse fue que cientos de miles de firmas que recolectaron los exguerrilleros provinieron de estudiantes universitarios demasiado jóvenes para recordar la agitación de la guerra.
Un signo de cuán profundas siguen siendo las heridas es el bloqueo inicial que hizo el expresidente Alan García al objetivo de imparcialidad del proyecto, cuyo financiamiento ha dependido del extranjero, principalmente de Alemania y la Unión Europea.
¿ Culpables?
En enero, funcionarios electorales rechazaron el esfuerzo para crear un nuevo partido vinculado a Sendero Luminoso al fallar que la organización se adhiere a principios antidemocráticos y no llenó algunos requisitos técnicos de la ley electoral.
Perú ha visto un crecimiento económico impresionante, aunque dispar, en los últimos años, y muchas de las desigualdades que ayudaron a desencadenar a Sendero Luminoso persisten, incluidas la apabullante pobreza en las barriadas urbanas y los pueblos, así como la marginación de las poblaciones indígenas.
Al menos una fracción de Sendero Luminoso sigue activa en una remota selva del centro de Perú, donde sus actividades se centran casi por completo en el narcotráfico.
Parte de la dificultad en Perú es que ambos lados, Sendero Luminoso y las fuerzas gubernamentales, fueron responsables de abusos horrendos, incluidas masacres de civiles. Eso hace que el proceso de llegar a acuerdos sobre lo que pasó sea más complejo de lo que fue en países como Chile o Argentina, los cuales han tratado de llegar a aceptar y lidiar con los abusos contra los derechos humanos que cometieron las dictaduras militares.
La mayoría de las discusiones sobre cómo conmemorar la guerra en Perú empiezan con un informe del 2003 de la Comisión de la Verdad, patrocinada por el gobierno, que estimó que murieron más de 69.000 personas en el conflicto.
La Comisión concluyó que Sendero Luminoso causó cerca de la mitad de las muertes y las fuerzas gubernamentales, casi un tercio. El resto se atribuyó a varias organizaciones armadas, incluidos paramilitares, otra organización rebelde y patrullas de autodefensa de los pueblos.
Alfredo Crespo, un abogado de Guzmán, el dirigente de Sendero Luminoso, cuestionó estas conclusiones porque las cantidades estaban infladas y el gobierno tiene la responsabilidad de la mayor parte del derramamiento de sangre. Dijo que Guzmán, a quien aprehendieron en 1992 y cumple una sentencia de por vida en una prisión de Lima, pagó su deuda y se le debería liberar.
Hoy, el panorama de la memoria en Perú es tan rocoso como el terreno en La Hoyada, un lote baldío en la ciudad de Ayacucho, la capital de la región del mismo nombre que vio los combates más feroces durante la guerra.
En 1980, La Hoyada fue un terreno para tirar los cadáveres de las personas detenidas y torturadas por el ejército en unas barracas cercanas. En el sitio también había un horno al aire libre utilizado para incinerar algunos de los cuerpos.
Investigadores exhumaron los restos de docenas de víctimas de la zona, aunque no han podido identificarlos.
La Anfasep, una organización por el derecho de las víctimas, muy conocida, que incluye a las mujeres que creen que es posible que hayan enterrado o cremado secretamente a sus maridos u otros familiares, levantó una cruz ahí y pide al gobierno que preserve el sitio.
La organización por los derechos de las víctimas también quiere que el gobierno cumpla las promesas de pagar indemnizaciones a las familias de los muertos. Y quiere que los tribunales avancen en los juicios contra los oficiales responsables.
La organización creó uno de los primeros museos a la memoria del país en Ayacucho en el 2005. Hay una exposición de la ropa que usaron personas muertas en el conflicto, la cual, en algunos casos, posibilitó que los familiares identificaran los cadáveres. También presenta la reproducción de una fosa común y una cámara de torturas con un hombre golpeando a una víctima.
Si el modesto museo en Ayacucho adopta el punto de vista de las víctimas, el Monumento al Valor Militar, en una base militar en Lima, tiene un enfoque diferente.
El museo es una réplica en tamaño natural de la residencia del embajador japonés, donde otra organización rebelde, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, retuvo a 72 rehenes durante 126 días. Se construyó para que comandos del Ejército pudieran practicar una redada en el edificio que llevaron a cabo en 1997 en una operación con un saldo de dos comandos, catorce guerrilleros y un cautivo muertos.
Sin embargo, testigos, incluido un rehén, dijeron después que vieron que hasta tres guerrilleros se rindieron, pero que luego los asesinaron. Se levantaron cargos de responsabilidad por los asesinatos contra un grupo de militares y oficiales de inteligencia de alto rango, pero el caso se ha hecho interminable en los tribunales. No se mencionan las acusaciones en el museo, el cual, según su director, mayor William Meyhuay Montes, un veterano de la redada, no tienen fundamento.
La Asociación Pro Derechos Humanos, basada en Lima, ha tenido un papel decisivo para impulsar el caso que surgió de la redada y ha trabajado con familias de La Hoyada. “Lo fundamental de la memoria es que nos ha ayudado a prevenir el surgimiento de proyectos que nos pueden llevar por ese camino de violencia y terror”, dijo Francisco Soberón, su director ejecutivo. “La memoria actúa como una vacuna”.
