En Uruguay: Legalización de la marihuana contra el narcotráfico

El gobierno uruguayo impulsa una ley que permita el consumo de esta droga para lograr que la policía centre sus acciones en los traficantes y no en los adictos.

La producción agrícola de este país incluye arroz, fréjol de soya y trigo. Pronto, no obstante, el gobierno podría ensuciarse las manos con un cultivo muchísimo más complicado, la marihuana, como parte de un movimiento en ascenso en esta región para crear alternativas a la guerra contra las drogas que lidera Estados Unidos.

El famosamente rebelde presidente de Uruguay, José Mujica,  llamó a “una legalización regulada y controlada de la marihuana”, en un plan de seguridad revelado anteriormente. Y ahora lo único de lo que cualquiera puede hablar en esta ciudad es de los impactos potenciales de un mercado formal para lo que Ronald Reagan describió alguna vez como “probablemente la droga más peligrosa en EE.UU.”.

“Es un cambio profundo en el enfoque”, dijo Sebastián Sabini, uno de los legisladores que trabajan en la polémica propuesta revelada por el presidente José Mujica el 20 de junio. “Queremos separar el mercado: a los usuarios de los traficantes; a la marihuana de otras drogas como la heroína”.

Por toda Latinoamérica, dirigentes consternados por la propagación de la violencia relacionada con las drogas están ponderando políticas públicas que otrora habrían sido inconcebibles.

¿Despenalizar todo, desde la heroína y la cocaína hasta la marihuana? Los congresos brasileño y argentino piensan que esa sería la mejor forma de permitir que la policía se centre en los traficantes y no en los adictos. ¿Legalizar y regular no solo el uso de los narcóticos, sino también la transportación, quizá con fuertes aranceles por embarques de mayoreo?

Queremos separar el mercado: a los usuarios de los traficantes; a la marihuana de otras drogas como la heroína”.
Sebastián Sabini,
legislador uruguayo.

Funcionarios de las Naciones Unidas dicen que ningún otro país ha considerado en serio la creación de un monopolio completamente legal, administrado por el Estado, para la marihuana y cualquier otra sustancia prohibida en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes.

Hacerlo convertiría a Uruguay en la primera república de la marihuana del mundo, adelantándose a los Países Bajos, que han ignorado oficialmente la venta y uso de esta droga desde 1976, y Portugal, que abolió toda sanción penal por uso de narcóticos en el 2001. Allá, en contraste, nacería una industria operada por el Estado, creada por burócratas gubernamentales convencidos de que oponerse a la marihuana es sencillamente obsoleto.

Reacciones

Resulta que desengancharse del hábito prohibicionista no es tarea fácil. Aun aquí, en un país pequeño y progresista, con 3,3 millones de habitantes, la propuesta del presidente se ha topado con una racha de oposición. Médicos, rivales políticos, usuarios de marihuana y funcionarios de seguridad han expresado su inquietud sobre cómo se manejaría la yerba y si la legalización, o algo cercano a ella, aceleraría el recrudecimiento del problema de las adicciones y los delitos en Uruguay.

El gobierno avanza aunque tiene una estrecha mayoría en la Asamblea Nacional. Uno de los asesores del presidente dijo este mes que se presentarían borradores de legislaciones en unas cuantas semanas.

Julio Calzada, secretario general de la Junta Nacional sobre Drogas, entre muchos otros, ha estado trabajando duro. Su escritorio está cubierto con notas escritas a mano sobre mercados locales de drogas. Tecnócrata de carrera, con el cabello largo y ralo de un roquero avejentado, dice que ha estado ocupado calculando cuánta marihuana debe cultivar Uruguay para sacar del negocio a los narcotraficantes.

Concluye que para unos 70.000 usuarios mensuales, el alijo (mercancía ilegal) debe ser de al menos 5.000 libras al mes. “Tenemos que garantizar que todos nuestros usuarios vayan a poder obtener un producto de calidad”, señala.

Agregó que la seguridad sería otro reto. Los carteles de la droga protegen su producto ocultándolo, y siempre está presente la amenaza de la violencia. Funcionarios uruguayos, incluido Sabini –uno de varios legisladores que admite abiertamente haber fumado marihuana– prefieren un enfoque más amable. Imaginan permitir que los fumadores individuales cultiven marihuana para su propio uso no comercial, en tanto que agricultores profesionales proporcionarían el resto, plantándola en pequeñas parcelas que podrían protegerse con facilidad.

Una hierba masificada

El gobierno también ordenaría que los usuarios se registraran para recibir credenciales a fin de mantener alejados a los extranjeros, una idea influida por los Países Bajos, que consiste en restringir la venta de la marihuana a los residentes y rastrear y limitar las adquisiciones de los uruguayos (a quizá 40 cigarrillos mensuales, dicen funcionarios).

Finalmente, habría sistemas establecidos para regular los niveles de THC (tetrahidrocannabinol), el ingrediente activo de la marihuana, y gravar con impuestos a los productores, y se dependería para su aplicación de los organismos reguladores del tabaco, el alcohol y los farmacéuticos.

Funcionarios reconocen que para tratar de vencer a capos como el mexicano Joaquín Chapo Guzmán en su propio juego, Uruguay necesitaría capturar a viejos enemigos y unir fuerzas con los mismos aficionados a las drogas a los que ha enviado a la cárcel durante años.

Eso significa congraciarse con personas como Juan Vaz. Un programador de computadoras delgado, de cabello oscuro y padre de tres hijos, quien es, quizá, el activista en pro de la marihuana más famoso de Uruguay.

La marihuana para uso personal ya está despenalizada en Uruguay, así es que Vaz, de 45 años, dijo que la idea de un registro de productores y usuarios equivale a un paso hacia atrás de tipo orwelliano. “Nos preocupa la violación de la privacidad”, expresó.

Otros cultivadores y fumadores, que hablaron a condición de no ser totalmente identificados, parecían más ansiosos en participar. Gabriel, de 35 años, un intermediario y usuario que vive en el centro de la ciudad, dijo que le alegra que haya un mercado legal y espera que dificulte el lado más oscuro del negocio de la droga.

Martín, de 26 años, un programador barbado, cuyo armario lleno de plantas de marihuana agrega un aroma singular a su departamento en una unidad habitacional, dijo que sus amistades han hablado sobre comenzar una ‘granjita’.

Gabriel aseguró que ha vendido la yerba en forma intermitente durante quince años –unas dos libras por mes– y los compradores lo presionan a menudo para que consuma drogas más peligrosas.

Gabriel dijo que es inevitable que se adapten los grandes traficantes. La pregunta es: ¿para bien o para mal? Quizá empezarían a vender más barata la cocaína, dijo, causando más problemas. O quizá se los obligaría a salirse totalmente del negocio de las drogas. Por ahora al menos, pareciera que más bien temen al cambio. Comentó que un kilogramo de marihuana (2,2 libras) cuesta cerca de $ 470 en Uruguay, en comparación con los $ 375 antes de que se anunciara la propuesta de la legislación.

“Tratan de ganar tanto dinero como puedan. Creen que es inminente la legislación”, expresó Gabriel.